España refuerza su compromiso con la lucha contra la violencia de género con un nuevo Pacto de Estado que introduce nuevas medidas de protección a las víctimas de violencia de género

El Congreso de los Diputados ha aprobado la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un documento que introduce 462 medidas orientadas a fortalecer la protección de las víctimas y ampliar el marco legal para combatir todas las formas de violencia machista.

Este nuevo pacto ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos en el Congreso a excepción de VOX. El acuerdo se fundamenta en diez ejes estratégicos, los mismos que guiaron el primer pacto de 2017, pero con importantes actualizaciones que responden a los nuevos desafíos en la lucha contra la violencia de género.

Entre las principales novedades destaca el reconocimiento de la violencia económica como delito, el refuerzo en la protección a menores víctimas de violencia vicaria, medidas para combatir el uso de la inteligencia artificial en la generación de material pornográfico no consentido o legislación contra la trata de personas con fines de explotación sexual, entre otras.

Las novedades que introduce el Pacto de Estado renovado

Como se ha indicado, se ha acordado tipificar en el Código Penal la violencia económica como una forma de violencia de género. Esto incluirá el impago de pensiones alimenticias, alzamiento de bienes, estafas y administración desleal. Además, se prohibirá que el impago de pensiones se use para modificar regímenes de visitas o presionar a la víctima en acuerdos judiciales.

Asimismo, los hijos y las hijas de mujeres maltratadas tendrán reconocimiento como víctimas directas de la violencia de género, con especial atención a evitar visitas con agresores. También se reforzarán los protocolos de protección infantil y se mejorará la formación de profesionales que trabajan con menores expuestos a este tipo de violencia​.

También se tipificará como delito el uso de tecnologías para ejercer violencia de género, incluyendo la pornografía no consentida generada con IA (deepfakes). Se sancionará la difusión de imágenes falsas de carácter sexual sin consentimiento y se implementarán medidas para restringir el acceso de agresores a redes sociales y plataformas donde estén presentes sus víctimas.

El Pacto reconoce la necesidad de adaptar las medidas a mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad, como aquellas con discapacidad, migrantes, trans, mayores, del entorno rural o con problemas de salud mental. Se pretende evitar la revictimización y mejorar la accesibilidad de los recursos de asistencia​ aplicando una perspectiva interseccional y se pedirá una ley integral contra la trata, endureciendo la persecución del proxenetismo y prohibiendo la publicidad de prostitución.

Por último, cabe señalar que también se estudiará la posibilidad de un turno de oficio especializado en todas las comunidades autónomas para atender a las víctimas​ y se reforzará la formación obligatoria en igualdad y violencia de género para la judicatura, y se impulsarán iniciativas educativas y de sensibilización social​.

El nuevo Pacto de Estado tendrá una vigencia de cinco años y servirá como hoja de ruta en la lucha contra la violencia de género en España. Ahora, deberá pasar por la Comisión de Evaluación y Seguimiento antes de su aprobación definitiva en el Pleno del Congreso.

A pesar del consenso en la renovación del Pacto de Estado, también ha sido objeto de algunas críticas.

Sobre el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, sostiene que el Pacto es un «catálogo de medidas» sin una estrategia clara de implementación. Señala que se debería analizar no solo cuántas medidas se han aplicado, sino su impacto real en la reducción de la violencia de género. Según él, el aumento de denuncias puede ser un indicador positivo, pero si no se mejoran los mecanismos de prevención y atención a las víctimas, la respuesta institucional seguirá siendo insuficiente.

En el ámbito de la política, aunque se ha intentado lograr consenso, existen desacuerdos en temas como la prostitución y la violencia digital. En las negociaciones, algunas cuestiones conflictivas se han dejado de lado para facilitar el avance del pacto. No obstante, algunos grupos parlamentarios sí que han señalado vacíos en el tratamiento de ciertos aspectos importantes, como la protección de mujeres en entornos rurales o la inclusión de víctimas con mascotas en los pisos de acogida. Así como que no se haya incluido el término feminicidio, la violencia obstétrica y la violencia institucional.

En cualquier caso, el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya es una realidad y ahora el reto es llevar a cabo su implementación y garantizar el cumplimiento de sus medidas y su efectividad. Para ello, también es fundamental la financiación y el trasvase de fondos a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para la ejecución de medidas.