Los protocolos municipales contra la violencia de género son estrategias y procedimientos que los gobiernos locales implementan para prevenir, atender, y erradicar la violencia hacia las mujeres.
Su acción principal radica en la cooperación a nivel local de diferentes entidades y ámbitos como el sanitario, educativo, asociaciones, servicios sociales y fuerzas y cuerpos de seguridad. Con ello, se pretende, por una parte, la implicación ciudadana en la prevención de la violencia de género, promoviendo un entorno comunitario de apoyo para las víctimas. Por otro lado, son una herramienta a través de la cual mejorar la capacitación de profesionales en la atención a mujeres víctimas y mejorar los sistemas de detección y actuación.
Además, la colaboración entre entidades e instituciones es esencial para hacer frente a este problema desde un punto de vista interseccional, puesto que se han de tener en cuenta que, las mujeres víctimas de violencia de género también se ven atravesadas por factores adicionales de vulnerabilidad como la edad, situación económica, origen, entre otros, que afectan a las mujeres de manera diferenciada, por lo que se requieren respuestas multidisciplinarias que atiendan a las diversas realidades que cada víctima puede presentar.
Prevención, detección y actuación
Los protocolos pueden incluir un conjunto de acciones enfocadas en tres áreas principales: prevención, atención y protección. En la fase de prevención, se puede contemplar la realización de campañas de concienciación en colaboración con centros educativos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.
Para la detección temprana de posibles casos, el protocolo puede establecer mecanismos de capacitación para profesionales de diferentes ámbitos que podrán identificar posibles señales de violencia y actuar de forma rápida y eficaz.
En cuanto a la protección, es fundamental la coordinación, el conocimiento de los casos y de sus necesidades, así como el acompañamiento y el seguimiento de estos. A lo que se puede añadir la implementación de algunos servicios, tales como, asesoría jurídica gratuita y apoyo psicológico a las mujeres afectadas, facilitando su acceso a los recursos y servicios necesarios para superar su situación.
Evaluación y mejora continua
Por otra parte, una acción coordinada protocolarizada facilita disponer de mayor información, la recogida de datos sobre los casos atendidos, los resultados obtenidos y el seguimiento de los mismos por medio de indicadores, lo cual permite mejorar y ajustar las estrategias y medidas de acción.
A su vez, esto también posibilita una evaluación periódica del sistema. Los protocolos pueden revisarse y modificarse siempre que se encuentre margen de mejora e ir adaptándose a las necesidades y nuevos retos.
Estos protocolos se alinean con la legislación nacional y autonómica de prevención de la violencia de género y son una de las estrategias que se pueden adoptar dentro del Eje 1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en España, el cual se enfoca en «la ruptura del silencio y la sensibilización social». Este eje impulsa estrategias para mejorar la prevención, la protección, y la atención a las víctimas de violencia de género en el ámbito local y atendiendo a la colaboración entre instituciones y la mejora de la coordinación interinstitucional.
Así pues, dichos protocolos también representan un esfuerzo importante para enfrentar y reducir la violencia de género y su éxito depende en gran medida del compromiso institucional y de la participación activa de todos los sectores y ámbitos del municipio.
