Prevención de conductas adictivas con perspectiva de género

23 de marzo de 2026

La reciente convocatoria de subvenciones dirigida a ayuntamientos de la provincia de Alicante para el desarrollo de programas de prevención de conductas adictivas en 2026 pone sobre la mesa una cuestión fundamental: la necesidad de incorporar de manera transversal la perspectiva de género en todas las intervenciones públicas.

Más allá de su carácter técnico o administrativo, esta convocatoria representa una oportunidad estratégica para avanzar hacia políticas públicas más eficaces, inclusivas y ajustadas a la realidad social. Porque prevenir las adicciones no es solo una cuestión de salud pública: también es una cuestión de igualdad.

Características principales de la subvención

La convocatoria, impulsada por la Diputación Provincial de Alicante, está dirigida a municipios y entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) de la provincia. Quedan excluidas aquellas entidades que ya cuenten con financiación provincial para el mismo objeto.

La finalidad es financiar proyectos, programas y actividades orientadas a la prevención de conductas adictivas, especialmente en los siguientes ámbitos: promoción del bienestar emocional en población escolar, prevención en centros educativos, intervenciones en el ámbito familiar y acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. Se excluyen expresamente actividades de carácter lúdico o festivo, así como aquellas de naturaleza terapéutica o asistencial.

El presupuesto total asciende a 196.074 euros, con posibilidad de ampliación en 50.000 euros adicionales y las solicitudes deben presentarse en un plazo de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria. Las entidades beneficiarias deberán, entre otras cuestiones, dar publicidad a la financiación recibida, cumplir la normativa de contratación pública y garantizar que las actuaciones se ajusten al objetivo de prevención.

¿Por qué es imprescindible la perspectiva de género?

Las conductas adictivas no se desarrollan en un vacío. Están profundamente condicionadas por factores sociales, culturales y económicos, entre los que el género juega un papel determinante.

Hombres y mujeres no consumen igual, ni por las mismas razones, ni enfrentan las mismas consecuencias. Mientras que los hombres presentan mayores tasas de consumo en determinadas sustancias, las mujeres suelen experimentar mayores dificultades para acceder a recursos de ayuda y soportan un mayor estigma social. Además, factores como la violencia de género, la sobrecarga de cuidados o la desigualdad económica inciden directamente en los riesgos y en los procesos de recuperación.

Por tanto, cualquier intervención que ignore estas diferencias parte de un diagnóstico incompleto y, en consecuencia, será menos eficaz.

¿Cómo incorporar la perspectiva de género en los proyectos?

Integrar la perspectiva de género en los proyectos de prevención implica ir más allá de una mención formal y traducir este enfoque en el diseño, la ejecución y la evaluación de las actuaciones.

En el ámbito educativo, por ejemplo, resulta fundamental trabajar con el alumnado no solo los riesgos asociados al consumo, sino también los factores sociales que influyen en él. Analizar cómo determinados modelos de masculinidad fomentan conductas de riesgo o presión grupal puede ayudar a prevenir consumos problemáticos entre chicos. Al mismo tiempo, es necesario abordar con las chicas jóvenes cuestiones como la autoestima, la presión estética o las dinámicas afectivas, que en muchos casos están vinculadas a situaciones de vulnerabilidad.

En el entorno familiar, la incorporación de la perspectiva de género pasa por reconocer cómo la desigual distribución de las responsabilidades de cuidado afecta al bienestar emocional. Diseñar programas que visibilicen y aborden esta carga desigual, así como ofrecer espacios específicos de apoyo para mujeres —especialmente madres en situación de vulnerabilidad—, puede marcar una diferencia significativa en la prevención.

Las campañas de sensibilización también deben alejarse de enfoques neutros que, en la práctica, invisibilizan las desigualdades. Es clave visibilizar la realidad de las mujeres con adicciones, combatir el estigma que recae sobre ellas y adaptar los mensajes a distintos públicos, teniendo en cuenta sus contextos y experiencias.

Por otro lado, en la propia gestión de los proyectos, la perspectiva de género debe reflejarse en la recogida de datos desagregados por sexo, en la definición de indicadores que permitan medir el impacto en igualdad y en la formación del personal técnico. Sin estas herramientas, resulta difícil evaluar si las actuaciones están contribuyendo realmente a reducir desigualdades.

Finalmente, también es importante prestar atención a las condiciones de acceso a las actividades. Adaptar horarios, ofrecer recursos de conciliación o garantizar espacios seguros son medidas que facilitan la participación, especialmente de mujeres con cargas de cuidados o de jóvenes en contextos de vulnerabilidad.

De la oportunidad a la responsabilidad

La incorporación de la perspectiva de género constituye un criterio fundamental de calidad y coherencia con las políticas públicas actuales en materia de igualdad. Las entidades locales tienen aquí una doble responsabilidad: por un lado, diseñar proyectos técnicamente sólidos; por otro, garantizar que estos contribuyan a reducir desigualdades y no a perpetuarlas.

Aprovechar esta línea de subvenciones desde un enfoque de género no solo aumentará la eficacia de las intervenciones, sino que permitirá avanzar hacia modelos de prevención más justos, inclusivos y transformadores.

Así pues, las políticas de prevención de conductas adictivas deben evolucionar al mismo ritmo que la sociedad a la que se dirigen. Incorporar la perspectiva de género no es una opción secundaria, sino una herramienta imprescindible para comprender la complejidad del fenómeno y actuar de manera efectiva.

Esta convocatoria ofrece una oportunidad concreta para hacerlo. La clave está en cómo se diseñen y ejecuten los proyectos. Porque solo integrando la igualdad en el centro de las políticas públicas podremos construir respuestas más completas y, sobre todo, más justas.