El canal de denuncias o Directiva Whistleblowing es una obligación tanto para las empresas como la Administración Pública. Conocer sus objetivos, los elementos y como garantizar su seguridad es vital.

Canal de denuncias o directiva de whistleblowing

La Directiva de Whistleblowing es un conjunto de normativas o directrices establecidas para proteger a las personas denunciantes (whistleblowers, en inglés) que revelan información sobre irregularidades, corrupción, o cualquier otro tipo de actividad ilegal o inapropiada dentro de las instituciones gubernamentales. Estas directivas suelen proporcionar canales seguros y confidenciales para que las personas que trabajan en la Administración Pública informen sobre malas prácticas sin temor a represalias.

En el ámbito de la igualdad es una medida especialmente importante, ya que ayuda también a poner la alarma en conductas discriminatorias como el acoso sexual o el acoso por razón de sexo. La Directiva Whistleblowing en la Administración Pública, como en las empresas, contribuye a promover la igualdad al permitir la identificación y corrección de prácticas discriminatorias, proteger a quienes denuncian estas prácticas y prevenir abusos de poder que podrían conducir a situaciones de desigualdad.

Igualdad y directiva de whistleblowing

La Directiva Whistleblowing en la Administración Pública puede contribuir a promover la igualdad de varias maneras:

• Promoción de la transparencia. Al proporcionar canales seguros y confidenciales para que empleados y empleadas denuncien irregularidades, la directiva de whistleblowing ayuda a sacar a la luz prácticas discriminatorias o injustas dentro de las organizaciones. Esto puede incluir casos de discriminación de género, edad, origen, etnia u otras formas de discriminación. Al identificar y abordar estos problemas, se pueden tomar medidas para promover un ambiente laboral más equitativo y justo.
• Protección de los derechos de las personas empleadas: La directiva de whistleblowing protege a quienes denuncian irregularidades o malas prácticas, incluida la discriminación en el lugar de trabajo. Al garantizar la protección frente a posibles represalias sobre las personas denunciantes, se fomenta un ambiente de seguridad al informar sobre conductas discriminatorias o injustas, lo que puede contribuir a corregir desequilibrios y promover la igualdad de oportunidades.
• Prevención de abusos de poder: La existencia de canales de denuncia ayuda a prevenir abusos de poder y comportamientos discriminatorios por parte de quienes ocupan posiciones de autoridad. Al saber que existe la posibilidad de que las prácticas discriminatorias sean denunciadas y de que existe una mayor supervisión y facilidad en la actuación de la denuncia, se reduce la probabilidad de sufrir discriminaciones en el lugar de trabajo.

Seguridad, investigación y divulgación en la directiva

La Directiva Whistleblowing en la Administración Pública suele incluir elementos que ayudan a facilitar la comunicación, asegurar el anonimato o la imposibilidad de que se tomen represalias por advertir sobre comportamientos ilegales. Por ello, uno de los principales elementos que debe incluir el canal de denuncias es la protección de la identidad. Garantizar que las personas que denuncian puedan reportar las irregularidades de manera anónima si así lo desean, y que su identidad se mantenga confidencial durante todo el proceso.

Otro de los puntos importantes es el de evitar las represalias. Para ello se establecerán medidas para prevenir y sancionar cualquier forma de represalia o retaliación contra quienes denuncian, como el despido injustificado, la discriminación laboral, o cualquier otro tipo de consecuencia negativa por parte de la entidad empleadora. El canal debe tener procedimientos claros y seguros y debe permitir el seguimiento y la investigación del caso denunciado. La finalidad será acabar con la irregularidad a la vez que divulgar el resultado y prevenir casos similares.

Obligación y buena práctica

La Directiva Whistleblowing en la Administración Pública es una propuesta global de la Comisión Europea. Tal y como explica el órgano europeo, “cualquier organización, privada o pública, grande o pequeña, pueden registrarse actividades ilícitas y abuso de derecho, que pueden adoptar formas diversas, como corrupción, fraude, prácticas abusivas de empresas o negligencia, y que si no se resuelven pueden ocasionar graves perjuicios al interés público”.

Son muchos los países que ya tienen desarrollados canales de denuncias, en todos los sectores, ya sea por obligación legal o por iniciativa propia. Se consideran una buena práctica de gobierno y una herramienta importante para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en el sector público. Al proporcionar vías para reportar irregularidades de manera segura y confidencial, las administraciones públicas pueden detectar y abordar problemas internos antes de que se conviertan en situaciones más graves o sistémicas.