En los últimos años, la contratación pública se ha consolidado como un poderoso instrumento para promover la igualdad entre mujeres y hombres desde las administraciones locales. Más allá de ser un procedimiento administrativo, los contratos públicos reflejan los valores y compromisos sociales de los ayuntamientos, y la igualdad de género debe ocupar un lugar central en esta gestión.

Las cláusulas de igualdad: un paso más hacia la corresponsabilidad institucional

Estas cláusulas no solo garantizan el cumplimiento normativo, sino que promueven una transformación real en el mercado laboral y en la cultura organizativa de las empresas proveedoras de las Administraciones Públicas.

Entre las medidas más destacadas se encuentran:

• Fomento de la contratación de mujeres, especialmente en puestos cualificados o de responsabilidad.
• Apoyo a la inserción laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
• Formación y sensibilización en igualdad de género para el personal que participa en la ejecución del contrato.
• Uso de lenguaje e imágenes inclusivas, evitando cualquier sesgo o estereotipo sexista.
• Aplicación de medidas de conciliación y corresponsabilidad dentro de las empresas adjudicatarias.
• Evaluación con perspectiva de género, incorporando datos desagregados por sexo e indicadores específicos.
• Compromiso con la igualdad retributiva, a través de auditorías salariales y planes de acción contra la brecha de género.

La igualdad como criterio de calidad y responsabilidad social

Estas cláusulas permiten que los ayuntamientos valoren positivamente a las empresas que demuestran un compromiso activo con la igualdad, ya sea mediante certificaciones, distintivos oficiales o convenios colectivos con cláusulas de igualdad. De este modo, la administración local no solo actúa como garante de derechos, sino como motor de cambio social.

Aquí te proponemos algunos ejemplos:

• Cláusula para la contratación de mujeres: La empresa adjudicataria se comprometerá a fomentar la contratación de mujeres en los puestos derivados de la ejecución del contrato, promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
• Cláusula sobre formación y sensibilización en materia de igualdad: La empresa adjudicataria garantizará la realización de acciones formativas y de sensibilización en materia de igualdad de género para el personal adscrito al contrato.
• Cláusula para garantizar medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar: La adjudicataria deberá implementar o acreditar medidas internas que favorezcan la conciliación corresponsable de la vida personal, laboral y familiar de su plantilla.
• Cláusula para la eliminación de la brecha salarial y auditoría retributiva: La adjudicataria deberá acreditar que dispone de medidas efectivas para la detección, prevención y corrección de la brecha salarial de género, incluyendo en su caso auditorías retributivas conforme a la legislación vigente.

Otras medidas y ejemplos podemos consultarlos en la guía para la inclusión de cláusulas para la igualdad de género en los contratos, las subvenciones y los convenios públicos del Instituto de las mujeres y para la igualdad.

Un compromiso que genera impacto

Incorporar la perspectiva de género en los contratos públicos significa orientar los recursos municipales hacia una sociedad más justa y equitativa. Cada licitación con cláusulas de igualdad contribuye a reducir la brecha de género, mejorar la calidad del empleo y fomentar la corresponsabilidad en la vida laboral y familiar.

La igualdad no debe ser un añadido, sino un principio transversal en toda la acción pública. Los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, tienen en la contratación pública una oportunidad única para convertir la igualdad en una práctica cotidiana y efectiva.